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¿QUÉ PROVOCA LA DESORIENTACIÓN? PROBLEMA SOBRE LA SUSPENSIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL POR LA FORMALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA

14 de Septiembre de 2016

¿QUÉ PROVOCA LA DESORIENTACIÓN?

PROBLEMA SOBRE LA SUSPENSIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL POR LA FORMALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA

Ana Calderón Sumarriva

1.    PRESENTACIÓN DEL CASO

El Código Penal peruano de 1991 en los artículos 83º y 84º, respectivamente, regula la interrupción y la suspensión de la prescripción de la acción penal. En el primer supuesto se prevé que son causas de interrupción las actuaciones del Ministerio Público o del Poder Judicial o la comisión de un nuevo delito doloso, en cuyo caso debe computarse nuevamente el plazo ordinario de prescripción más la mitad (al que denominamos plazo extraordinario) y en el segundo supuesto, se considera como causa de suspensión, cualquier cuestión de la que dependa el asunto penal y que debe resolverse en otro procedimiento, en cuyo caso se paraliza el computo del plazo de prescripción hasta que concluya aquél.  Pero en el año 2004, se publica el Decreto Legislativo 897 denominado “Código Procesal Penal de 2004” que en su artículo 339º inciso 1) establece: “La formalización de investigación suspenderá el curso de la prescripción”.

Dicha medida ha dado lugar al pronunciamiento de los magistrados que integran las Salas Penales de la Corte Suprema de la República (máxima instancia jurisdiccional del país) en dos oportunidades, que a continuación describimos:

1. Acuerdo Plenario Nº 1- 2010/CJ-116 del 06 de noviembre de 2010 que establece que  dicha medida tiene el carácter “sui generis” por lo que queda sin efecto el tiempo que transcurre desde este acto del Fiscal hasta la culminación del proceso con una sentencia o resolución que le ponga fin o en su caso hasta que sea aceptada la solicitud de sobreseimiento del Fiscal.

2. Acuerdo Plenario Nº 3-2012/CJ-116 del 26 de marzo de 2012 que sosteniendo un “análisis del origen histórico y comparado del inciso 1) de artículo 339º se establece que la formalización de la investigación preparatoria suspende la prescripción por un tiempo que no podrá prolongarse más allá del equivalente del plazo ordinario de prescripción más la mitad de dicho plazo.

 

2. RELEVANCIA DESDE LA PERSPECTIVA DE LA ARGUMENTACIÓN JURÍDICA

Consideramos que el caso es relevante para la argumentación jurídica por los siguientes aspectos:

1. Ante la existencia de una antinomia entre lo previsto en el artículo 83º del Código Penal y el artículo 339º.1 del Código Procesal Penal. En este punto identificar el tipo de antinomia y su solución.

2. Es posible abordar el caso, como un problema de indeterminación del Derecho (defecto lógico del sistema o imprecisión lingüística) que abre las puertas a la interpretación más que a una actividad creadora por parte del Juez.

3. El análisis de la justificación interna y externa en cada decisión.

4. Identificación de los tipos de argumentos utilizados en cada decisión.

5. Los efectos nocivos de la generación de “doctrina jurisprudencial” contradictoria.

 

3.    ANÁLISIS DEL CASO

 

3.1. Existencia de una antinomia entre lo previsto en el artículo 83º del Código Penal peruano y el artículo 339º.1 del Código Procesal Penal

El artículo 83º del Código Penal peruano establece en su primer párrafo que “La prescripción de la acción se interrumpe por las actuaciones del Ministerio Público o de las autoridades judiciales, quedando sin efecto el tiempo transcurrido.” Sin embargo, el artículo 339º.1 del Código Procesal Penal prevé que la formalización de investigación preparatoria suspende la prescripción de la acción. Se trata de normas de distinta naturaleza que atribuyen al mismo acto procesal distintos efectos, mientras que el primero dispositivo, considera que las actuaciones del Ministerio Público interrumpen la prescripción, el segundo dispositivo señalas que se produce el efecto de la suspensión.

La actuación del Fiscal, que de acuerdo al Código Penal, producía la interrupción de la prescripción era la formalización de la denuncia, lo que correspondía en los casos de persecución pública de la acción penal; pero en casos de querellas o faltas el auto de apertura de instrucción o el auto de inicio del proceso, era el acto judicial que interrumpía la prescripción. Sobre este último punto, no existe ninguna regulación en el Código Procesal Penal de 2004.

En el Acuerdo Plenario 1-2010  no se hace mención a la regulación del Código Penal; pero en el Acuerdo Plenario 3-2012, en su fundamento 10 establece “que no se configura ni se condiciona la presencia de una antinomia legal que demande la modificación o complementación del Acuerdo Plenario 1- 2010/CJ-116”. Al contrario en este fundamento la Corte Suprema indicó: “Frente a la demostrada autonomía de las reglas y efectos de la suspensión en relación a las que gobiernan la configuración y eficacia de la interrupción  de la acción penal, cabe concluir señalando que el artículo 339º inciso 1) del Código Procesal Penal de 2004 no derogado ni ha modificado, directa o indirectamente, las reglas contenidas en el artículo 83º  del Código Penal vigente. El artículo 84º del Código Penal tampoco ha sido derogado ni mediatizado en sus efectos por el inciso 1) del artículo 339º del Código Procesal Penal. Fundamentalmente porque ambas disposiciones son independientes aunque aludan a una misma institución  penal como lo es la suspensión de la  prescripción de la acción penal. Se trata solamente de disposiciones compatibles que regulan, cada una, causales distintas de suspensión de la prescripción de la acción penal que pueden operar de modo secuencial, paralelo o alternativo. Efectivamente, la prejudicialidad considerada por la norma sustantiva puede paralizar incluso  la continuación de un proceso penal en trámite y donde la Formalización de Investigación Preparatoria que considera la norma adjetiva, ya decretó la suspensión de la prescripción de la acción penal. Es más, a ello se refiere también el artículo 5º en sus incisos 1 y 2: “(…) 2. Si se declara fundada, la Investigación Preparatoria se suspende hasta que en otra vía recaiga la resolución  firme (…)”.

Sobre este segundo Acuerdo Plenario se debe advertir una enorme dificultad en entender su desarrollo, que desde nuestro punto de vista tiene que ver con la redacción, pero también con la estructura lógica del mismo, aspecto que analizaremos en el punto  3.1 al trabajar la justificación interna.

Como una cuestión previa, se advierte que se hace referencia en el desarrollo de la sustentación del Acuerdo Plenario Nº 3-2012 a la prejudicialidad que es causa de suspensión de la  prescripción y que se regula de esa manera, expresamente en el Código Penal peruano. Sobre dicho punto no existe mayor controversia, puesto que planteada la cuestión prejudicial como medio de defensa, advierte de la necesidad de previamente, resolver un asunto extrapenal para definir la existencia o no de un delito, trayendo como consecuencia la suspensión del proceso, y como es lógico, que se paralice el cómputo de la prescripción hasta que la causa desaparezca, es decir, hasta que se resuelva el asunto extrapenal.

El aspecto central reside, en que se establece en la sustentación de este Acuerdo Plenario, que el artículo 84º del Código Penal y el inciso 1) del artículo 339º del Código Procesal Penal del 2004 son “disposiciones independientes aunque aluden a la misma institución penal” y además que se trata de “disposiciones compatibles que regulan cada una causales distintas de suspensión de la acción penal, que pueden operar de modo secuencial, paralelo o alternativo”.

La incompatibilidad que se advierte no es con el artículo 84º del Código Penal, sino con el artículo 83º que atribuye a las actuaciones del fiscal la condición de causa de interrupción de la acción penal, y más bien el artículo 84º del Código Penal establece las causales de suspensión refiriéndose a cuestiones que deben resolverse en otro procedimiento, como sucede con la cuestión prejudicial.

Pero centrando nuestra atención sólo en el artículo 83º del Código Penal y 339º.1 del Código Procesal Penal del 2004 se trata de dos normas de distinta naturaleza (sustantiva y procesal), con el mismo nivel jerárquico y ámbito de validez territorial y personal, además, que regulan el mismo objeto: el efecto que producen los actos del fiscal sobre la prescripción, y se atribuye una consecuencia diferente: mientras el Código Penal hace referencia a la interrupción, el Código Procesal Penal del 2004 refiriéndose específicamente a la formalización de la investigación preparatoria que realiza el Fiscal, le atribuye el efecto de la suspensión de la prescripción.

Desde nuestro punto de vista, esta situación constituye una antinomia[1] parcial – parcial[2], que debe ser solucionada con un criterio cronológico, la nueva norma deroga parcialmente a la norma anterior. Sin embargo, creemos que  esta situación en torno a la suspensión de la prescripción de acción penal por la formalización de la investigación preparatoria, pese a lo regulado por el Código Penal, se debe a una decisión equivocada del legislador, por las siguientes razones:

1. La tradición legislativa en nuestro país sobre la regulación de la prescripción de la acción penal y de la pena determina que su configuración en cuanto a plazos, cómputo, suspensión e interrupción ha sido siempre objeto de la norma sustantiva; y sólo se regula en la norma procesal el modo de hacerla valer, normalmente a través de la excepción de prescripción.

2. La decisión de modificar la norma procesal e introducir este cambio  sin observar la relación con la norma penal sustantiva que data del año 1991 y que ha sido frecuentemente modificada. Normas que deben estar coordinadas.

3. La modificación aislada del tratamiento de la suspensión de la prescripción respecto a los delitos de persecución pública,  y el inexplicable mantenimiento del régimen de suspensión de prescripción, tal como se establece en el Código Penal, para los delitos comprendidos en querellas y para las faltas; desconociéndose los motivos de esta decisión.

 

3.2.  ¿Es un problema de indeterminación del Derecho por imprecisión lingüística?

Cuando tratamos de explicar por qué razones surgió esta situación en nuestra normatividad y el problema que se presenta ante la antinomia, consideramos que constituye un factor, el significado que se puede atribuir a los términos “suspensión”  e “interrupción”. 

En el Acuerdo Plenario 1- 2010 se define a la “suspensión” de la prescripción, indicando lo siguiente: “consiste en la creación de un estado en el cual el tiempo deja de correr porque se presenta una situación particular determinada por la Ley que impide la persecución penal – constituye una excepción al principio de continuidad de tiempo en el proceso -. La continuación del proceso dependerá de la decisión de una autoridad extrapenal, que puede ser el Juez del ámbito civil, administrativo, comercial, de familia y en todos los casos se paraliza el inicio o la continuación del proceso desde que se presenta la circunstancia que amerita la imposibilidad de su prosecución y se reiniciará cuando se resuelva la cuestión. Por consiguiente, el término de la prescripción sufre una prolongación temporal.”  Luego añade: “La consecuencia más significativa es que el tiempo transcurrido con anterioridad al momento en que se presentó la causa que suspendió el proceso no se pierde y se sumará el que transcurra después de la reiniciación, pero el tiempo cumplido durante la vigencia de la suspensión no se computa para los efectos de  la prescripción extraordinaria”.

Ese ha sido el concepto de suspensión que se ha considerado en la doctrina y jurisprudencia nacional.

Y en este mismo Acuerdo Plenario se establece que no guarda relación con la interrupción de la prescripción cuando indica “La redacción y el sentido del texto es claro, en cuanto regula la institución de la “suspensión” con todas las consecuencias y matices que conlleva y no es posible deducir que el legislador quiso reglamentar el supuesto de “interrupción” de la prescripción.

En el Acuerdo Plenario 3-2012 entendemos que también se asume que se trata de conceptos distintos y con rasgos singulares, puesto que señala: “Sin embargo, con posterioridad a este Acuerdo Plenario, un sector minoritario de la judicatura nacional ha vuelto a insistir en la conveniencia de asumir que lo previsto en dicha norma como suspensión debe ser entendido como interrupción, y que incluso procede a apartarse de lo establecido en el Acuerdo Plenario  sobre la materia”. Además añade: “En el derecho penal histórico nacional, también los efectos y causales de interrupción y suspensión de la acción penal han estado claramente estipulados sin que haya posibilidad de confundirlos”.

De acuerdo a lo indicado, descartamos que se trate de un problema de indeterminación del Derecho. Consideramos que no es un problema de ambigüedad puesto que no es un solo término al que se pretende atribuir distintos significados, tampoco de vaguedad, porque ambos términos suponen campos de aplicación distintos y con rasgos diferentes.[3]

3.3.  Justificación interna y externa de cada decisión

Siguiendo al profesor Atienza, además de los casos simples hay también casos difíciles que son justamente los que originan  la atención mayor para la argumentación jurídica. El caso presentado sería difícil, es decir, es de aquellos en los que no basta observar solamente la validez de la inferencia, sino que  además, se debe someter a prueba el carácter más o menos fundamentado de las premisas.[4] Dicho ejercicio es el que realizamos a continuación con los Acuerdos Plenarios sujetos a análisis.

3.3.1.Del Acuerdo Plenario Nº 1- 2010

En cuanto a la justificación interna del Acuerdo Plenario Nº 1-2010 se tiene que considera como premisa normativa el artículo 339º.1 del Código Procesal Penal del 2004, y como premisa menor la situación concreta de formalización de la investigación preparatoria que paraliza o suspende la prescripción, sin que se determine legalmente hasta que momento opera dicha situación, por lo que concluye, que es un tipo de suspensión sui generis, puesto que la suspensión operaría hasta que se culmine el proceso con una sentencia o resolución judicial firme (sentencia o sobreseimiento).

En la justificación externa de la premisa mayor no se ha referencia a su incompatibilidad con el Código Penal, y más bien se establece que obedece a la obligación del Estado de proveer de mecanismos que aseguren que la persecución penal no tenga obstáculos ilegítimos y que a través del Ministerio Público se ejerce la pretensión punitiva que se deriva de un delito.  Se sustenta entonces, en la idea de otorgar más tiempo a la autoridad para que persiga el delito y la búsqueda de asegurar la persecución penal y consolidar el principio constitucional de obligatoriedad en el ejercicio de la persecución penal que tiene el Ministerio Público prevista en el artículo 159º de la Constitución peruana.

Observa además que no vulnera está disposición el derecho fundamental del imputado a un proceso sin dilaciones indebidas previsto en el artículo 139.3 de la Constitución, puesto que está contenido en la garantía del Debido Proceso, y tampoco afecta el derecho que el Juez Penal resuelva en un plazo razonable.

Se considera también que la prescripción es una institución que esencialmente tiene que ver con la autolimitación del Estado para ejercer la potestad punitiva, siendo una decisión del legislador que la formalización de la investigación sea una causa de suspensión de la prescripción para no permitir que haya delitos impunes. Una interpretación contraria supondría aceptar que la prescripción es un derecho del imputado.

Se esgrime como argumento además que la suspensión del plazo de prescripción no genera desigualdad entre el Ministerio Público y el imputado. Además, que se ha forjado dentro del marco de una reforma procesal, donde se observan las garantías de un Debido Proceso y se promueven valores constitucionales medulares.

En cuanto a la premisa menor, se establece que la suspensión de la prescripción se produce dentro del marco impuesto por la Ley, puesto que no puede ser ilimitado, por lo que resulta racional considerarlo hasta la culminación del proceso con un pronunciamiento que ponga término, del modo más rápido posible, a la situación de incertidumbre, sin afectar el derecho a un plazo razonable y la defensa del imputado.

En cuanto a la justificación de la premisa menor  es correcta la consideración de un límite a la suspensión de la prescripción que debiera estar definida por la Ley, lo que no sucede con el artículo 339.1 del Código Procesal Penal, que guarda silencio en cuanto a la duración de la suspensión; por lo que encontramos en este punto, un exceso de los jueces al considerar que ese límite temporal debe estar dado por el tiempo que lleve la culminación del proceso; sin advertir que dicha decisión no tiene un sustento objetivo, pero tampoco coherente con el sistema penal, puesto que si se suspende la prescripción hasta que exista una decisión firme, de darse una sentencia condenatoria y adquirir firmeza, no correspondía la prescripción de la acción penal, sino de la pena.

Entonces la justificación de la premisa menor es insuficiente, pero además, constituye una determinación judicial excesiva y que desnaturaliza la prescripción de la acción penal.

 

3.3.2. Del Acuerdo Plenario Nº 3-2012

En la justificación interna de este Acuerdo Plenario encontramos como premisa mayor el artículo 339.1 del Código Procesal Penal del 2004, que autoriza expresamente la suspensión de la prescripción por la formalización de la investigación preparatoria; luego se establece como premisa menor que los límites temporales de dicha suspensión debe guardar relación con el principio de plazo razonable, concluyendo que la suspensión de la prescripción por la formalización de la investigación preparatoria no podrá prolongarse más allá del tiempo acumulado equivalente al plazo ordinario de prescripción más una mitad de dicho plazo.

En la justificación externa de la premisa mayor, establece como argumentos que el artículo 339.1 del Código Procesal Penal tiene influencia directa de la reforma procesal chilena, puesto que el artículo 233.a) del Código Procesal Penal de dicho país establece; “La formalización de la investigación preparatoria producirá los siguientes efectos: a) Suspenderá el curso de la prescripción dela acción penal de conformidad con el artículo 96º del Código Penal.” Y señala luego, en este país están claramente diferenciados los efectos de la interrupción: “Esta prescripción se interrumpe, perdiéndose el tiempo transcurrido, siempre que el delincuente comete nuevamente un crimen o simple delito, se suspende desde que el procedimiento se dirige contra él”. Sin embargo, se observa que en la legislación chilena corresponde que pueda ser así, por la coherencia que guarda la norma procesal con su norma sustantiva; hecho que no sucede en el Perú, donde el Código Penal realiza un tratamiento diferente a lo indicado por el Código Procesal Penal de 2004, lo que es lógico porque se trata de normas de distinto tiempo. Es más, no se indica que el artículo 96º del Código Penal de Chile indica expresamente cual es el plazo de suspensión.

Otro argumento que se establece es que en el Derecho penal nacional los efectos y las causas de la interrupción y suspensión de la acción penal han estado claramente estipulados sin que haya posibilidad de confundirlos, por lo cual cita el Código Penal peruano de 1924, con lo cual se establece que no existe ninguna relación de identidad ni dependencia residual entre interrupción o suspensión de la prescripción. Este argumento estaría dirigido a respaldar que no existe ninguna posibilidad de considerar lo regulado en el artículo  339.1 del  Código Procesal Penal como una confusión o que haya tenido el legislador la voluntad de equiparar la interrupción con la suspensión.

Se establece además, que el artículo 339.1 del Código Procesal Penal no ha derogado ni modificado las reglas contenidas en el artículo 83º y 84ºdel Código Penal peruano, puesto que considera que “son disposiciones independientes que aluden a la misma institución penal como es la suspensión de la prescripción de la acción penal” y luego añade “se trata de disposiciones compatibles que regulan, cada una, causales distintas de suspensión de la prescripción de la acción penal que pueden operar de modo secuencial, paralelo o alternativo”. Estos argumentos tienen en primer lugar un problema de estructuración, puesto que el contenido del artículo 83º y 84º del Código Penal difiere, en tanto que el primero regula la interrupción de la prescripción, y el segundo, sobre la suspensión de la prescripción; llegándose en este punto a un absurdo[5] al sostener que disposiciones que aluden a una misma institución son independientes, pero compatibles, cuando otorgan un efecto diferente. O que se puedan aplicar las causales de suspensión de modo secuencial, paralelo o alternativo, si una causal ya suspendió la prescripción como pudieran operar una tras de otra, o elegir una y no otra, cuando entiéndase opera aquella que fue la primera.

Concluye el razonamiento de los jueces supremos penales de la siguiente forma: “desde el dominio de las relaciones intrasistémicas de las normas sustantivas y adjetivas vinculadas con la interrupción y suspensión de la prescripción de la acción penal en la legislación nacional vigente, no se configura ni se condiciona la presencia de una antimonia legal que demande la modificación o complementación del Acuerdo Plenario 1-2010”. Esta conclusión resulta contradictoria si se parte de la premisa que son disposiciones independientes, sin observar, detenidamente la compatibilidad  entre el artículo 83º del Código Penal y el artículo 339.1 del Código Procesal Penal del 2004.

En cuanto a la justificación de la premisa menor sobre la aplicación de límites temporales a la suspensión de la prescripción de la acción penal por la formalización de la investigación preparatoria, se abandona la idea de que opere mientras dura el proceso penal, esto es, hasta que exista un pronunciamiento judicial firme, y se adopta la idea de un plazo razonable; considerando los antecedentes históricos de la suspensión de la prescripción en nuestra legislación, y se señala como argumento adicional, el propósito “para satisfacer la expectativa social, se debe asimilar al mismo límite temporal que contenía el derogado artículo 122º del Código Penal de 1924”, esto es, que no se prolongue más allá del tiempo acumulado equivalente al plazo ordinario de prescripción más una mitad del plazo; que además se indica que sería el criterio observado en varios proyectos de Código Penal anteriores al Código Penal de 1991.

Se advierte que se acude al criterio del plazo razonable que correspondería a las características del caso, y que no siempre coincide con el plazo legal. Pero en esta decisión se incorpora una regla que ese plazo razonable no debe exceder el plazo ordinario más su mitad, regla que ya estaba prevista en el Código Penal vigente (1991) y que denominábamos “plazo extraordinario” aplicable cuando se había producido la interrupción de la prescripción, y no la suspensión. Se menciona que para atender la “expectativa social”, argumento que no puede ser válido porque no se trata de legisladores, sino de jueces.

3.4.  Identificación de tipo de argumentos utilizados

Siguiendo la clasificación de Tarello[6], en el análisis del primer Acuerdo Plenario se utilizan argumentos de coherencia, puesto que se advierte de la relación del artículo 339.1 del Código Procesal del 2004 con el sistema jurídico, especialmente con la Constitución, advirtiendo que no afecta el derecho del imputado a ser juzgado sin dilaciones e igualdad procesal, así como con el propio Código, en tanto, brinda un marco de respeto al Debido Proceso.

En cuanto al segundo Acuerdo Plenario se utiliza un subtipo de argumento autoritativo, llamado comparativo, cuando se atribuye un significado normativo a partir de lo establecido en el Código Procesal de Chile; pero además un argumento histórico, conocido también como “presunción de continuidad del sistema jurídico”, cuando nos remite a lo que decía el Código Penal de 1924 y proyectos previos al Código penal de 1991. También alega a “una expectativa social” que podría calificarse como un argumento “ad populum” al aludirse a una supuesta voluntad popular, que consideramos en el contexto, que configura una falacia, que correspondería a la clasificación que realiza el profesor Atienza, dentro razones irrelevantes.

3.5.  Efectos “nocivos” de Acuerdo Plenarios contradictorios

No solamente no existe un reconocimiento de incompatibilidad existente entre el artículo 339.1 del Código Procesal Penal del 2004 y el artículo 83º del Código Penal de 1991, sino que la aplicación de la suspensión de la prescripción de la acción penal por la formalización de la investigación preparatoria, ha generado la creación por parte de los jueces vía los Acuerdos Plenarios analizados de dos reglas contradictorias:

1. La suspensión de la prescripción de la acción penal por la formalización de la investigación preparatoria es sui generis, por lo que opera hasta que exista un pronunciamiento firme.

2. La suspensión de la prescripción de la acción penal por la formalización de la investigación preparatoria no es sui generis, y debe operar por un plazo razonable, que no debe exceder el plazo ordinario de prescripción más su mitad.

No sólo se trata de un exceso de los jueces supremos al incorporar una regla que por el principio de legalidad penal está reservada a ser establecida sólo por el legislador[7], sino que generan inseguridad jurídica y efectos distintos en los casos penales que fueron tratados con uno u otro Acuerdo Plenario, haciendo a la justicia imprevisible.

III. PROPUESTA DE RECONSTRUCCIÓN O SOLUCIÓN ALTERNATIVA

Nuestra propuesta de solución se estructuraría de la siguiente manera:

1. Se encuentra vigente el artículo 339.1 del Código Procesal Penal del 2004 que establece la suspensión de la prescripción de la acción penal por la formalización de la investigación preparatoria, que además, el artículo 83 del Código Penal de 1991 establece que los actos del fiscal o del juez interrumpen la prescripción, dado que son normas que regulan de modo distinto los efectos del acto fiscal de formalización de la investigación preparatoria, siendo estas normas de la misma jerarquía, es posible solucionar esta incompatibilidad, considerando que la norma posterior (Código Procesal) habría derogado parcial y tácitamente, lo dispuesto en el artículo 83 del Código Penal.

2. Que, siendo que las causas de suspensión de la prescripción paralizan el cómputo de los plazos mientras que éstas subsistan, corresponde señalar un límite temporal, ante la ausencia de regulación expresa, puesto que así como la acción penal no puede mantenerse ad infitum, tampoco la situación de suspensión de la prescripción, puesto que toda persona tiene derecho a ser juzgada en un plazo razonable, de lo contrario, estaríamos ante una situación a todas luces inconstitucional.

3. Que, corresponde aplicar el criterio del plazo razonable a la suspensión de la prescripción por la formalización de la investigación preparatoria, considerando que la voluntad del legislador es impedir que opere la prescripción en el desarrollo del proceso, pero no sería adecuado para este fin, que está situación se extendiera más allá del plazo ordinario de prescripción que corresponde, de acuerdo a las penas previstas o reglas expresamente establecidas en el artículo 80º del Código Penal. El exceso en dicho plazo implica un estado de incertidumbre prolongado más allá de los límites expresamente previstos por el legislador.

4. Que, no corresponde la aplicación del plazo extraordinario de prescripción que de acuerdo al artículo 83º del Código Penal está reservado sólo a las casuales de interrupción.

IV. CONCLUSIONES DEL TRABAJO

1. Es importante que los jueces puedan reconocer los problemas que existen en el ordenamiento jurídico, por exceso o defecto del legislador, los que puede generar diversos problemas, entre ellos, los de coherencia, siendo también indispensable que sepan aplicar las reglas que la Teoría del Derecho proporciona para su solución.

2. Si bien con el reconocimiento de la Constitución como norma, así como la posibilidad de resolver los casos a partir reglas que podemos derivar de principios, y el uso de la ponderación, han llevado a incrementar el poder de los Jueces, ello nos les exime de carga de motivar para legitimar sus decisiones, y consideramos que existen ámbitos del Derecho en los que no pueden realizar una actividad “creadora”, como sucede en el Derecho Penal donde por el principio de legalidad, se encomienda exclusivamente esa labor al Legislador, puesto que de lo contrario, se genera inseguridad jurídica y despoja a los ciudadanos de una garantía esencial en el Derecho punitivo.

La inseguridad también se genera cuando las respuestas de los juzgadores ante determinadas controversias resultan contradictorias, siendo que en algunos casos asumen posiciones que se califican como “autorizadas” o “mayoritarias” o “expectativas sociales” que carecen de relevancia y de objetividad.

 


[1] Las antinomias afectan la coherencia del sistema jurídico, normalmente se presentan ante los excesos  del legislador. Se trata de normas que si bien no pertenecen al mismo ordenamiento (una es sustantiva y la otra procesal) están sujetas a relaciones de coordinación y tiene el mismo ámbito de validez. Como indica ÁNGELES RÓDENAS: “estamos ante una inconsistencia o antinomia, cuando dos o más normas  del sistema jurídico atribuyen a un mismo caso soluciones incompatibles entre sí”. (RÓDENAS, Ángeles. En la penumbra: indeterminación, derrotabilidad y aplicación judicial de las normas. En: DOXA. Cuadernos de Filosofía del Derecho. Nº  24. 1989. P. 10).

[2] De acuerdo a la extensión de la incompatibilidad normativa, se presenta  una antinomia parcial – parcial, cuando ambas normas contienen una parte de su ámbito de aplicación incompatible; pero otro aspecto no lo es. (ROSS. A. Sobre el Derecho y la Justicia. Buenos Aires. Editorial EUDEBA, 1997,  P.  164 y 165).

[3] RÓDENAS, Ángeles. Ob. Cit. P.  11 y 12.

[4] ATIENZA, Manuel.  Las Razones del Derecho. Teorías de la Argumentación Jurídica. Lima. Palestra Editores. 2006. P. 61.

[5] Se utiliza este término no exactamente como contradicción lógica, sino más con la idea de una consecuencia inaceptable.

[6] TARELLO, Giovanni. La interpretación de la Ley. Lima, Editorial Palestra. 2013. P. 309 a 353.

[7] En este punto es fundamental tomar en consideración el desarrollo que efectúa el profesor Aguiló sobre lo que es posible que los jueces realicen y lo que les está permitido hacer. Así como la observancia de la garantía objetiva de la jurisdicción en tanto, se espera la aplicación correcta del Derecho o la legalidad de la decisión. (AGUILÓ REGLA,  Josep. Los deberes internos a la práctica de la jurisdicción: Aplicación del Derecho, Independencia e Imparcialidad. Revista Jurídica de Les Illes Balears. 2012. P.  7 y 15).