Noticias


PRINCIPIO DE IMPUTACIÓN MÍNIMA NECESARIA - GARANTÍA FUNDAMENTAL PARA NO TRASPASAR LA FRONTERA DE UN ESTADO CONSTITUCIONAL A UN ESTADO DE “SOSPECHA”

05 de Junio de 2016

PRINCIPIO DE IMPUTACIÓN MÍNIMA NECESARIA

GARANTÍA FUNDAMENTAL PARA NO TRASPASAR LA FRONTERA DE UN ESTADO CONSTITUCIONAL A UN ESTADO DE “SOSPECHA”

“Cuando crece la criminalidad, impulsada por numerosos factores que rara vez considera el político –salvo que se trate de un político acostumbrado a mirar a través de las apariencias y a actuar más allá de los síntomas–, la persecución se extrema. Es explicable que así ocurra. Ante la desesperación social, pronto convertida en exasperación, vuelve a la escena el conflicto entre due process y crime control, una dialéctica que hoy se agita a lo largo y ancho del proceso penal.”

 

Sergio García Ramírez en Caso Fermín Ramírez vs. Guatemala (2005).

 

 Ana Calderón Sumarriva[1]

 

Sumario:El principio de imputación necesaria como contenido implícito del Debido Proceso produce sus efectos desde antes, que la persona rinda su primera declaración ante la autoridad policial o fiscal. Se exige gradualmente durante el proceso penal. Guarda directa relación con el mandato constitucional de determinación que debe observar el legislador penal, quien debe definir en forma inequivoca la conducta a castigar, y entonces, con mayor razón, debe exigirsele al persecutor penal la precisión de los cargos cuando promueve la acción penal.

Palabras Claves: Debido Proceso, Imputación Necesaria, Legalidad, Derecho de Defensa, Teoría de Caso.

 

1.   Introducción

El principio de imputación necesaria es un contenido implícito de la garantía a un debido proceso[2] que en la mayor parte de los ordenamientos procesales puede considerarse como su manifestación explícita: el derecho de los imputados de “conocer los cargos”[3].

 

Contiene tres aspectos:

1.   El aspecto fáctico o “acontecimiento histórico” que constituye el dato circunstanciado sobre la conducta realizada por el agente para la configuración de una figura jurídica con relevancia penal. Además de precisar el lugar y tiempo en que dicha conducta se realizó, debe señalarse qué hizo el sujeto o qué dejo de hacer para configurar el tipo penal atribuido.

Como señala Gómez Orbaneja: “El objeto de cada proceso es un hecho, y no una determinada figura delictiva, ni una consecuencia penal; identificándose la acción penal sólo desde el punto de vista objetivo, con el hecho sobre el que recae la acusación, y si el objeto del proceso fuera el delito y no el hecho, bastaría que se cambiará la tipicidad para que fuera juzgado un mismo sujeto bajo diferentes puntos de vista.”[4]

El hecho como objeto del proceso es inalterable, se mantiene durante la investigación y el juzgamiento. Opera sobre el aspecto fáctico, un principio de congruencia o correlación absoluta, de modo que serán sobre los hechos imputados desde el inicio, que se desarrolla la actividad probatoria y el juzgamiento. Es nula la sentencia que se pronuncia sobre hechos distintos a los que fueron materia de acusación e investigación.

En el aspecto fáctico, la imputación requiere tener al sujeto debidamente individualizado, aunque no es necesario tenerlo presente  físicamente  en la investigación, pero si contar con ciertos datos mínimos sobre él.  La Corte Suprema se ha pronunciado sobre este tema justamente a raíz de requerimientos adicionales,  como tener además de los nombres y apellidos completos, datos como domicilio, estado civil, rasgos corporales e incluso el que tenga su documento de identidad. En ese sentido, la Corte se ha inclinado por considerar para efectos de la individualización como condición para el inicio de una investigación bastan los nombres y apellidos del sujeto[5].

Causa preocupación el que no se requiera el documento de identificación.  Sólo si se demuestra la falsedad de los datos o la suplantación será posible anular lo actuado, para lo cual es posible considerar de oficio una cuestión previa o la reserva provisional de la investigación.  El que exista en nuestro país ciudadanos que carecen de un documento de identidad no sólo determina un límite para el ejercicio de una serie de derechos civiles, sino que implica una grave contravención al debido proceso que resalta más en el ámbito punitivo.

2.   El aspecto jurídico o “juicio de subsunción”. Sólo puede ser sometido a un proceso penal y sancionado aquél que realizó una conducta que estuviera considerada dentro de la Ley penal como delito, siendo fundamental que se señale qué formula penal se está aplicando al caso, con precisión de la modalidad, circunstancias agravantes, grado de desarrollo del delito y de responsabilidad.

La calificación de los hechos exige el conocimiento de los elementos que configuran el tipo penal, pero además, el conocimiento para determinar el grado de responsabilidad (autor o partícipe) y el grado de desarrollo del delito (consumado o en grado de  tentativa). Si son delitos especiales o de infracción de deber será necesario precisar cómo los hechos están relacionados al ámbito de competencia del agente, y qué deberes infringió.

También existe una “individualización jurídica” que ya no pasa por determinar la identificación,  sino cómo será tratado desde el Derecho Penal, esto es, determinar el grado de responsabilidad  en caso el corresponda al sujeto

3.   El aspecto probatorio o “confirmación”. Se debe precisar con qué elementos de convicción se cuentan y se contarán para poder sustentar la atribución que se realiza y que confirmarán diversos aspectos fácticos y jurídicos. Dado que el imputado está amparado con la presunción de inocencia, corresponde al fiscal reunir los elementos de cargo válidos para destruirla.

La deficiencia en los elementos de convicción de cargo debería conducir a la imposibilidad de plantear una acusación y, de hacerlo, la posibilidad de concluir en el sobreseimiento del proceso. Más difícil será considerar que dicho caso llegue a juicio y que sea el juez quien en el ejercicio de sus facultades oficiosas en la actuación probatoria  pretenda suplir la deficiente labor del fiscal en cuanto a la confirmación de cargos.

Tradicionalmente el conocimiento de cargos se limitaba a comunicar al imputado que era sujeto a una investigación penal, señalando el nomem juris del delito y el artículo en el que éste se encontraba consagrado.

Hoy es necesario que la comunicación de los cargos deba cumplir con un estándar mínimo que haga posible considerar que estamos ante una “causa probable” y servir de garantía al ciudadano:

-          Establecer el tiempo y lugar de realización de la conducta.

-          Precisar qué conducta realizó el agente (acción u omisión).

-          La tipificación de la conducta como delito, citando las normas penales aplicables.

-          Precisar el grado de desarrollo y de responsabilidad del sujeto.

-          Los elementos de convicción con los que se cuenta.

Se deben considerar como características de orden formal: el orden, la claridad y el modo que resulte comprensible (este último aspecto considerando características culturales del sujeto, como el manejo de un idioma diferente).

Para la defensa adecuada e incluso la igualdad de armas, es necesario que el imputado conozca los cargos y esté al tanto del proceso, de manera que pueda reaccionar ante las contingencias de éste, haciendo valer sus argumentos y pruebas. Es fundamental que este acceso a la información, si es en otro idioma, sea superado cuando se trata de extranjeros o imputados que forman parte de grupos minoritarios indígenas o nativos, a través de los traductores e intérpretes. Si bien, esto no siempre permite superar las distancias culturales, por lo menos establecerán un puente para evitar el desconocimiento y extrañeza.

Un factor determinante para establecer si la imputación desde el aspecto fáctico  cumple con las condiciones mínimas, corresponde a la naturaleza del delito atribuido. Es más sencillo atribuir la inobservancia de un mandato legal, por ejemplo: conducir en estado de ebriedad; que establecer la pertenencia en una organización delictiva. Las exigencias típicas también harán la diferencia, puesto que en el segundo caso, el fiscal debe precisar mínimamente, a qué clase de estructura organizativa se pertenece, dónde opera, cuál es su modus operandi, y cómo se relaciona con el delito atribuido.

 

2.   Relación con el principio de legalidad penal y el derecho de defensa

Dentro del contenido constitucional del principio de legalidad penal se encuentra la garantía de ley penal cierta[6], de la cual se deriva el denominado “mandato de determinación”, según el cual el legislador debe cumplir con precisar en forma clara e inequívoca la conducta y la sanción penal aplicable[7]. Ello permite saber al ciudadano qué conductas están prohibidas o qué mandatos debe cumplir,  ya que de lo contrario será pasible de una sanción que también se encuentra preestablecida.

Con mayor razón, si la garantía para el ciudadano determina en términos generales que deba responder sólo si la conducta estaba prevista de modo claro y preciso previamente en la Ley, también corresponde que el ciudadano sólo esté sujeto a la investigación y persecución penal en la medida en que el titular de la acción sea capaz de imputarle con cierto grado de precisión porqué su conducta motiva la intervención penal.

Por otro lado, el derecho de defensa en el sentido material implica la posibilidad de que el imputado pueda hacer frente a la atribución penal no sólo por el reconocimiento de mecanismos procesales de alegación, argumentación, oposición o impugnación, sino también que pueda, sobre los hechos planteados, realizar afirmaciones o negar las afirmaciones efectuadas por el persecutor penal, siendo posible que pueda hacer uso de los medios de confirmación que la ley prevé, pese a poder estar amparado la presunción de inocencia.

Para el ejercicio del derecho de defensa, el presupuesto indispensable[8] es que el imputado haya podido conocer de modo claro, preciso y comprensible los cargos que se le atribuyen, lo que incluye no sólo la disposición de inicio de su investigación, sino acceder a toda documentación e información reunida en función de su caso[9]. Como señala Maier, “la imputación correctamente formulada es la llave que abre la puerta de la posibilidad de defenderse eficientemente.”[10]

La imprecisión, vaguedad o confusión en los componentes fácticos y jurídicos de la imputación conlleva necesariamente a la subsanación y responsabilidad funcional del fiscal, pero no autoriza al uso de excepciones de improcedencia de acción, donde se advierte de la irrelevancia penal del caso y al declararse fundadas conllevan necesariamente el sobreseimiento de los procesos.

La inobservancia de este principio, de comunicación previa y detallada de los cargos o los motivos de la investigación, puede constituir una clara vulneración del derecho a la defensa, como dejó sentado por la Corte Interamericana en el caso Tribunal Constitucional vs. Perú, al indicar que: “los inculpados no tuvieron conocimiento oportuno y completo de los cargos que se les hacían y se les limitó el acceso al acervo probatorio”.[11]

 

3.   Relación con la teoría de caso

La imputación mínima necesaria guarda directa relación con la elaboración de una teoría del caso, pues ésta última, siendo una herramienta útil en las reformas procesales,  permite que desde el conocimiento del caso y con los elementos de convicción iniciales se pueda plantear una hipótesis fáctica y jurídica, que implica un reconstrucción de lo sucedido, y se  manifiesta en un relato ordenado y coherente de los hechos, así como una calificación jurídica que corresponda de acuerdo con el ordenamiento penal aplicable.

Este instrumento metodológico no sólo permite dirigir estratégicamente una investigación, dado que se buscará lo que fuera necesario para satisfacer la hipótesis planteada, dejando de lado una actuación al azar o esencialmente burocrática; sino también permitirá medir la debilidad o fortaleza del caso y será un indicador para la adopción de ciertas decisiones que permitan una solución eficaz y eficiente.

Como señala Bacigalupo, se realizará una operación mental destinada a vincular un hecho con un pensamiento y comprobar si los elementos de ese pensamiento se reproducen en el hecho.  Particularmente, subsumir un hecho bajo las categorías del delito (tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad, etc.) consiste en comprobar si el hecho posee todas las características del delito.[12]

Si desde que conoce la noticia criminis el fiscal es capaz de formular una teoría de caso, podrá entonces señalar a la defensa que está buscando acreditar que ésta, en función de la versión de su patrocinado y los elementos de convicción que hasta ese momento se hayan obtenido, pueda encaminar una tesis alterna o subsidiaria y también llevar adelante una estrategia de defensa activa o pasiva.

La ausencia de una idea clara del hecho atribuido no sólo perjudica el trabajo de la defensa, sino también la del propio fiscal, que puede estar desorientado en torno al trabajo de investigación que debe efectuar.

Es fundamental  aquí citar lo señalado por Benavente Chorres: “… si los hechos que el abogado maneja no son subsumibles dentro de un tipo penal no tiene un caso penal sino una historia pura y simple. Si los hechos son subsumibles dentro de un tipo penal, pero no hay pruebas, se tiene una buena historia delictiva. Si los hechos son subsumibles en un tipo y además se tiene  una buena prueba, se tiene un caso.”[13]

Este autor denota los tres componentes de la teoría del caso, que son a su vez los tres aspectos que debe satisfacer una imputación.

 

4.   Necesidad de control y subsanación

Antes de desarrollar este tema, una pregunta necesaria corresponde al momento en que se hace exigible la observación del principio de imputación mínima necesaria, justamente para determinar desde que momento se debe efectuar un control sobre este tema, y buscar su subsanación.

Se podría sostener que cuando se realiza una imputación seria y acabada es que debemos considerar dicha exigencia, lo cual nos colocaría en el punto en el que el fiscal formula su acusación, o cuando debe iniciarse un proceso penal formalmente, esto es, cuando el fiscal formaliza la investigación preparatoria, o se podría considerar su cumplimiento desde el momento en que una persona es citada para el inicio de una investigación y debe conocer los cargos que pesan contra ella.

En el artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos se consagra este derecho: una vez que se formula una acusación, señalando que ésta debe ser comunicada de manera “previa y detallada” al inculpado.  Al respecto, el en caso Barreto Leiva vs. Venezuela, la Corte Interamericana ha precisado que el ejercicio de este derecho se satisface cuando:

-   Se le informa al interesado no solamente de la causa de la acusación, esto es, las acciones u omisiones que se le imputan (tiempo, lugar y circunstancias), sino también las razones que llevan al Estado a formular la imputación, los fundamentos probatorios de ésta y la caracterización legal que se da a esos hechos.

- La información es expresa, clara, integral y suficientemente detallada para permitir que el acusado ejerza plenamente su derecho a la defensa y muestre al juez su versión de los hechos. Esto quiere decir que la acusación no puede ser ambigua o genérica.[14]

Por otro lado, en el Caso Ayçoban y otros c. Turquía, de fecha 22 de diciembre de 2005,el Tribunal Europeo de Derechos Humanosprecisó que toda persona acusada tiene derecho a ser informada de los motivos de la acusación, entendiendo por ellos tanto los actos en los cuales se sustenta como su naturaleza, esto es, la calificación legal de tales actos. Además, la información sobre los motivos y la naturaleza de la acusación debe ser adecuada para permitirle al acusado preparar su defensa.

En ambos casos se hace referencia a la acusación y se establece los alcances de este derecho que no sólo comprendería el aspecto fáctico y jurídico, sino también la expresión del sustento probatorio.

En el Título Preliminar del Código Procesal Penal peruano de 2004 se consagra el derecho de conocimiento de la imputación, mientras que en el artículo 71° del  Código citado se establece que es un derecho del imputado conocer los cargos desde que se inicia una investigación, de modo que en la primera oportunidad que es citado debe saber la razón para su comparecencia ante una autoridad penal.

Si bien es cierto que las normas supranacionales hacen mención a la acusación, la Corte Interamericana considera que estederecho “rige incluso antes de que se formule una “acusación” en sentido estricto”.  Añade  “necesario que la notificación ocurra previamente a que el inculpado rinda su primera declaración ante cualquier autoridad pública”. Evidentemente, el “contenido de la notificación variará de acuerdo al avance de las investigaciones, llegando a su punto máximo (…) cuando se produce la presentación formal y definitiva de cargos. Antes de ello y como mínimo el investigado deberá conocer con el mayor detalle posible los hechos que se le atribuyen”.[15]

La Corte Interamericana ha subrayado que no puede esperarse a que la persona sea formalmente acusada o que se encuentre privada de la libertad para proporcionarle la información expresa, clara, integral y suficientemente detallada de la imputación, puesto que de ello depende el oportuno ejercicio del derecho a la defensa.

El que la persona se encuentre indiciada o investigada no es una situación que pueda revestir gravedad: es más, se puede sostener que es un deber ciudadano someterse a las indagaciones que fueran necesarias cuando se trata de un suceso delictivo. Una situación más grave es la que se puede presentar cuando una persona debe ser sometida a juzgamiento y contra ella ya existen elementos fácticos y jurídicos definidos y respaldados por elementos de convicción, con una pretensión explícita de aplicación de una sanción.

Sin embargo, una persona tampoco puede ser sometida a investigación por la sola voluntad de la autoridad, existen ciertas condiciones mínimas que se deben observar. No basta que el sujeto este individualizado y tengamos una acción penal vigente: desde un punto de vista material, requerimos tener una atribución precisa que permita satisfacer los elementos más importantes del tipo penal imputado.

Lamentablemente, todavía no se supera el defecto de imputaciones imprecisas, vagas o incompletas, y a través del desarrollo que se puede observar sobre el tema es necesario su control y subsanación. Es así que podemos inferir que existen dos tipos de control:

1.    Control directo:Acudir al fiscal y observar la imprecisión de su imputación, esperando que éste, sin mediación del juez de investigación preparatoria, subsane el error.

2.    Control mediato: Que se podría efectuar en dos momentos: a) Por la acción de tutela que según  el Acuerdo Plenario N° 2-2012-CJ-116 puede servir como instrumento de control y subsanación de este defecto, que abre la posibilidad de que se efectué en las diligencias preliminares e investigación preparatoria; y b) Por el control de la acusación, que permitirá ingresar al juzgamiento con todos los elementos de atribución definidos, tanto para la prueba como para el debate.

La posibilidad de realizar un control en diligencias preliminares permite que el fiscal pueda argumentar que no tiene en ese momento todos los elementos para tener una imputación clara y completa. Sin embargo, sí requiere de un mínimo necesario, para no afectar la garantía del debido proceso y, con ello, el derecho a la defensa.

Ese mínimo necesario deberá ser evaluado en última instancia por el juez, que va entre los criterios a tomar en consideración observará la naturaleza del delito atribuido y la complejidad de las investigaciones a realizar.

 

5.   A quiénes le alcanza

Pareciera que este deber de imputación sólo alcanza la Ministerio Público, en tanto que es el titular de la acción penal y afirma la culpabilidad, que debe demostrar en el proceso. De allí que las acciones de control realizadas operen contra él y determinen su responsabilidad funcional.

En cuanto a quienes tienen el derecho de exigir que se cumpla dicho principio, no solo tenemos al imputado, sino también la persona jurídica que es considerada como parte del proceso para efectos de las consecuencias accesorias atribuidas en función a su conexión con un delito. Puesto que el Código Procesal Penal de 2004 les reconoce los mismos derechos y garantías del imputado, entonces, si sobre ellas pesa una imputación imprecisa o incompleta, cabe que puedan activar los mismos mecanismos de control y subsanación.

El actor civil, en cuanto a su pretensión civil, también deberá dejar claro los hechos y  el daño que estos generaron a fin de que pueda ejercerse plenamente la contradicción por parte del imputado y el tercero civilmente responsable.

Cabe indicar que en nuestro sistema jurídico el derecho a conocer los cargos de manera clara y detallada alcanza a otros ámbitos que no son propiamente jurisdiccionales. Esta garantía se reconoce en los procedimientos administrativos, e incluso, parlamentarios.

El Tribunal Constitucional ha señalado que: El derecho a la comunicación previa y detallada de la acusación, supone en primer lugar que las comisiones investigadoras deben dar a conocer con claridad bajo qué cargos y por qué circunstancias se cita a una persona a declarar. Impone asimismo al Congreso la obligación de legislar con claridad los distintos procedimientos sancionatorios, especialmente para garantizar los derechos que le asisten a quienes son investigados y citados. Es la única forma de garantizar que los altos funcionarios o los ciudadanos, según sea el caso, conozcan en forma previa, clara, integral y suficientemente detallada los hechos (acciones u omisiones) por los que son citados a una Comisión investigadora; o los delitos que se le imputan en el ejercicio de la función (antejuicio) o las infracciones constitucionales previamente tipificadas (juicio político), a fin de que puedan ejercer en forma efectiva su derecho a la defensa.”[16]

 

6.   A manera de conclusión

La garantía comentada, aunque diera la impresión de no tener mayor trascendencia, es fundamental para evaluar si estamos frente a un Estado Constitucional de Derecho que persigue y juzga a los ciudadanos cuando existe un hecho con trascendencia penal y ciertas condiciones mínimas para someterlo a la molestia de una investigación o estamos frente a un Estado “de sospecha”, en el que  los ciudadanos son perseguidos a partir de meras afirmaciones vagas e incompletas y sin un sustento mínimo.

La inseguridad no sólo se genera por la existencia del delito, sino también por la ausencia de reglas y pautas claras de actuación para el propio Estado, que puede convertirse en el mayor vulnerador de los derechos y garantías fundamentales. Esta manifestación mínima, pero fundamental, integra no sólo la idea de debido proceso, sino también la de seguridad jurídica.

 


[1]Directora de EGACAL.

[2]No existe una definición universalmente aceptada de debido proceso. Sin embargo, ha sido consagrada de modo expreso en una serie de constituciones y aunque no sea así, no se niega su carácter de “garantía innominada”. Se considera como una de las grandes decisiones constitucionales, cualquiera sea su denominación o tratamiento, deducida de la idea fundamental de colocar al hombre como el centro de la escena, dehonrar su dignidad y de asegurar la libertad e igualdad de los individuos. (HABERLE, Peter. El Estado Constitucional. Traducción de Héctor Fix- Fierro. México, UNAM, 2001, p. 115).  Se alojan en el, los principios rectores, fundamentos del enjuiciamiento penal (MAIER, Julio. Derecho Procesal Penal. Fundamentos. Buenos Aires, Editores Del Puerto, 1960, p. 211).

[3]En el ordenamiento procesal argentino se establece que terminado el interrogatorio de identificación, el juez informará detalladamente al imputado cuál es el hecho que se atribuye, cuáles son las pruebas que se tienen en su contra y que puede abstenerse de declarar sin que su silencio implique una presunción de culpabilidad. Por otro lado, el Código de Procedimientos Penales de Bolivia establece que dentro de las advertencias preliminares al imputado se encuentra la comunicación del hecho que se le atribuye, con todas las circunstancias de tiempo, lugar y forma de su comisión, incluyendo aquellas que sean importantes para su calificación jurídica. Y el Código Procesal de Chile prevé como una garantía del imputado el ser informado de manera específica y clara acerca de los hechos que se le imputan y los derechos que otorga la Constitución y la Ley.

[4]GOMEZ ORBANEJA, Emilio. Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Barcelona. 1947, p.  49.

[5]Acuerdo Plenario N° 7-2006/CJ-116 del  13 de octubre de 2006.

[6]“La exigencia de la lex certa  no puede entenderse, sin embargo, en el sentido de exigir al legislador una claridad y precisión absoluta en la formación de los conceptos legales. Ello no es posible, por la naturaleza propia del lenguaje, que con sus características de ambigüedad y vaguedad admite cierto grado de indeterminación, mayor o menor según el caso. Ni siquiera las formulaciones más precisas, las más casuísticas y más descriptivas que se puedan imaginar, llegan a dejar de plantear problemas de determinación de algunos supuestos, ya que siempre poseen un ámbito posible de equivocidad. Por eso se ha dicho, con razón, que en esta materia no es posible aspirar a una precisión matemática porque esta escapa incluso a las posibilidades del lenguaje.” (CURI URZUA,  Enrique. La ley penal en blanco. Bogotá, Temis, 1988, p. 69).

[7]“El grado de indeterminación será inadmisible cuando no permita al ciudadano conocer qué comportamientos están prohibidos y cuáles están permitidos.”(BACIGALUPO, Enrique. Manual de Derecho Penal. Bogotá. Temis. 1989, p.  35).

[8]“El conocimiento efectivo de la imputación es presupuesto indispensable del ejercicio el  derecho de defensa, porque no hay defensa sin imputación, la imputación no es conocida o parcialmente conocida, causa indefensión.”  (SOLAS LOPEZ, A. El Derecho de Defensa. En Boletín ONBC, octubre – diciembre de 2005,  La Habana, p. 2-10).

[9]En el Código Procesal Penal 2004 se establece el derecho que tienen las partes de acceder a la información, siendo posible solicitar copias de la carpeta fiscal.

[10]MAIER, Julio. Derecho procesal penal  argentino.  Buenos Aires. Editorial Hammurabi, 1989, Tomo I, p. 336.

[11]Sentencia de la Corte IDH del 31 de enero de 2001. Fundamento 83.

[12]BACIGALUPO, Enrique.  Técnicas de resoluciones de casos penales.  Madrid, Colex. 1995, p. 37.

[13]BENANVENTE CHORRES, Hesbert.  Estrategias para el desahogo de la prueba en el juicio oral. México. Flores Editor. 2010, p. 63.

[14]Fundamentos 28 y 29. Sentencia del 17 de noviembre de 2009.

[15]La Corte Interamericana ha enfatizado que “[e]l investigado, antes de declarar, tiene que conocer de manera oficial cuáles son los hechos que se le imputan, no sólo deducirlos de la información pública o de las preguntas que se le formulan” (CasoBarreto Leiva vs. Venezuela, fundamentos 30 y 31).

[16]Fundamento jurídico 23.